Durante los primeros días de febrero de 2026, el gobierno provincial del Poder Popular de Guantánamo reportó que se llevaron a cabo 2 640 inspecciones en establecimientos económicos, que derivaron en 1 538 multas y 162 ventas forzosas por presuntas violaciones de precios máximos y prácticas abusivas en la comercialización de productos básicos y transporte.
Estas acciones —que incluyen sanciones y la imposición de ventas obligatorias de mercancías infractoras— se han extendido por los 10 municipios del territorio, con el objetivo declarado de controlar precios y abastecimiento en medio de la crisis económica y escasez de productos que afecta a la población.
La información se difundió a través del periódico estatal Venceremos, aunque en redes sociales el tema ha generado un intenso debate público y críticas sobre la efectividad de las multas, cuestionamientos sobre la escasez como causa raíz y la percepción de que los controles pueden ser insuficientes o arbitrarios.
